La Recomendación 195 de la OIT, alienta a los países miembros a “apoyar y facilitar la investigación en materia de desarrollo de los recursos humanos y la formación”, la que podría comprender “las inversiones en formación, así como la eficacia y el impacto de la misma”.
Contando con un entorno económico y social propicio, la formación y el desarrollo de competencias contribuyen a la mejora del desempeño de las personas y de las empresas, lo que se traduce en crecimiento del empleo y desarrollo para la sociedad (OIT, 2008).
Las personas que participan en la formación pueden acceder a mejores condiciones de trabajo, de remuneración, a una mayor empleabilidad y una mejor calidad de vida. El desarrollo de cualificaciones y competencias debería garantizar su capacidad para adaptarse a los cambios en las tecnologías y la organización del trabajo.
Investigaciones de Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), han demostrado que una combinación de la educación y la formación profesional con medidas sociales y laborales ayuda a adaptar a los diferentes perfiles de jóvenes en riesgo de abandono prematuro de la educación y la formación (CEDEFOP, 2016).
En América Latina y el Caribe, factores como la heterogeneidad y la segmentación en el mercado de trabajo inciden en los impactos de la formación. Casi un tercio del mercado laboral se encuentra en zonas rurales y más de la mitad del empleo corresponde a trabajadores independientes, domésticos, trabajadores familiares no remunerados, o asalariados en microempresas. Una alta proporción de la población activa es joven y vulnerable al desempleo. En estos segmentos se concentra gran parte de la pobreza, de la informalidad y del déficit de trabajo decente en la región (OIT, 2006).
Adicionalmente, los cambios sin precedentes generados por la pandemia COVID-19, generaron no solamente una reducción aguda del empleo con una pérdida en horas de trabajo en 2020 cerca de cuatro veces más que la registrada en la crisis del 2009 (ILO.ORG, 2021). Los impactos de los programas de formación que se pongan en marcha durante y a la salida de la crisis, no se pueden desconocer. Va a ser necesario disponer de dispositivos de información rápida y confiable sobre los impactos de los programas de formación para las poblaciones más afectadas, en la economía informal, los jóvenes y las mujeres, las poblaciones rurales y las demás áreas sectoriales deterioradas por la pandemia.
Si bien existen importantes desarrollos en la región e instituciones de vanguardia, también es cierto que algunos sistemas locales de formación tienen dificultades para el acceso de ciertos colectivos de la población -lo que conlleva a exclusión laboral- y además requieren mejorar la articulación entre la oferta y la demanda.
Por ello la OIT en su observatorio sobre el COVID-19 ha insistido en que los encargados de la adopción de políticas se verán ante el desafío de facilitar una sólida recuperación, que promueva el empleo, los ingresos, los derechos de los trabajadores y el dialogo social, a fin de lograr una recuperación centrada en el ser humano.
Las empresas, de todos los tamaños, que consideran a sus trabajadores, una fuente importante de ventaja competitiva, como activos y agentes del cambio, pueden ser más innovadoras y sostenibles.
Para tal fin, las empresas deben identificar las cualificaciones que precisan, promover una cultura de aprendizaje permanente, fomentar la formación en el lugar de trabajo y facilitar el intercambio de conocimientos. Las empresas sostenibles son decisivas para la creación de riqueza e innovación, permiten mejorar los niveles de vida y las condiciones sociales, contribuyendo así al logro del trabajo decente y el desarrollo sostenible (OIT, 2020-2021).
La segmentación del mercado de trabajo también se verifica en la estructura empresarial. Los niveles de productividad son elevados solo en algunas ramas de actividad, mientras que en otras son bastante inferiores al promedio. En las ramas con más altos niveles de productividad se emplea a un bajo porcentaje de trabajadores.
La OIT calcula que la economía informal involucra al 75 por ciento de los trabajadores y representa un 40 por ciento del PIB; para el sector rural, una importante fracción del empleo se genera en la pequeña unidad agropecuaria de tipo familiar (OIT, 2006). El desarrollo de las competencias es fundamental para que la fuerza laboral se desplace de la economía informal hacia los empleos en la economía formal, así como para aumentar la productividad del trabajo.
Muchas empresas, particularmente las MyPYMES han resultado especialmente afectadas por la pandemia COVID-19. El cierre de un grupo de actividades económicas a raíz de las medidas de confinamiento y restricción a la movilidad ha resultado en la clausura de lugares de trabajo y con ello de oportunidades de aprendizaje y práctica laboral. Las evaluaciones de impacto han de considerar el rol fundamental de las empresas como lugares de aprendizaje y la medida en que los programas de formación y aprendizaje a la salida de la crisis impactan en su recuperación y reapertura a los negocios.
La sociedad percibe los impactos del desarrollo de competencias mediante empleos de mejor calidad. Mayores tasas de ocupación y formalidad, reducción de la pobreza, inclusión social, respeto de los derechos laborales y competitividad en los mercados mundiales (OIT, 2007).
La formación profesional debe responder al entorno productivo, tecnológico, laboral y sociocultural, así como a las características, condiciones, necesidades y expectativas de sus sujetos de atención. Esta es la doble pertinencia de la formación, tanto social como económica.
También, el desarrollo de las cualificaciones puede contribuir a la construcción de sociedades más equitativas. Existe una estrecha relación entre las diversas formas de exclusión del mercado de trabajo como el desempleo, el subempleo y los bajos ingresos laborales con la pobreza y la discriminación (OIT, 2006), por tanto, acciones de formación que coadyuven a resolver tales formas de exclusión, incidirán en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los beneficios sociales incluyen temas sensibles a la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto (CEDEFOP, 2016).
Estos rasgos de desigualdad como se sabe se han acentuado por causa del COVID-19, a partir del segundo trimestre del 2020 y todavía con efectos en 2021. La tasa de desempleo juvenil se vio ante una situación atípica cuando se registraron tendencias a la baja debidas al desistimiento de los jóvenes de continuar buscando empleo, la cual se bautizó como “fuera de la fuerza de trabajo” (retirados del mercado de trabajo por no estar disponibles para trabajar y/o buscar un empleo) (OIT-COVID19, 2021) . Ello constituye un enorme desafío para la formación profesional que debe atraer a los jóvenes y ser vista como una alternativa para la inserción laboral y ciudadana.
Un ambiente formativo adecuado estimula el aprendizaje en equipo, la construcción de conocimientos y mejores actitudes, motivaciones y valores, todo lo cual conduce a una mejor integración social. El reconocimiento que se otorga mediante un certificado de competencia se valora en el mercado laboral y en el ámbito educativo, favoreciendo la participación social y el compromiso con el aprendizaje permanente.
11 Conclusiones sobre las calificaciones para el incremento de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo. Op. cit.
12 CEDEFOP. Vocational education and training is good for you. The social benefits of VET for individuals. 2011
13 OIT. Trabajo decente en las Américas. Op. cit.
14 Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles. OIT. CIT, 96ª reunión, Ginebra, 2007.
15 OIT. Trabajo decente en las Américas. Op. cit.
16 Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles. Op.cit.
17 OIT. Trabajo decente en las Américas. Op. cit.
18 Vocational education and training is good for you. CEDEFOP. Op. cit.
